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Dallas y Tyson Shaw, de dieciocho meses, recibieron múltiples vacunas infantiles de rutina, incluidas las vacunas DTaP, contra la gripe y la hepatitis A, durante una visita pediátrica en abril de 2025.
Según documentos judiciales, Andrea y su suegra le dijeron al pediatra que el padre de los niños había experimentado previamente una reacción adversa a una vacuna contra la gripe. Pero el pediatra descartó sus preocupaciones y una enfermera le administró las inyecciones.
Al cabo de un día, los gemelos desarrollaron fiebre, letargo, dificultad para caminar, labios azules, ojos hundidos y diarrea. No querían comer. Los médicos del departamento de emergencias documentaron una “reacción post-inmunización” antes de dar de alta a los niños con instrucciones de tratar sus síntomas con Tylenol y paletas heladas para niños.
Ocho días después, ambos niños fueron encontrados muertos. Un año después, los fiscales acusaron a Shaw de asesinato.
Los fiscales dijeron que los investigadores descartaron otras posibles causas de muerte, incluida la exposición al calor, el envenenamiento por monóxido de carbono, el envenenamiento y las vacunas. Concluyeron que la única “explicación concebible” era que los gemelos habían sido asfixiados.
Pero la naturaleza inusual de las muertes debería haber provocado un examen más exhaustivo de las posibles causas médicas en lugar de asumir una conducta criminal. Hasta ahora, los fiscales, médicos y otros expertos se han negado a examinar todas las pruebas.
Una acusación formal es una imputación, no una condena Resumen de las posiciones opuestas
Lo que el estado de Idaho se niega a ver es que la etiología de estas muertes no es oscura, especulativa ni novedosa. Es, de hecho, el patrón de toxicología pediátrica más ampliamente documentado (y más sistemáticamente suprimido) de los últimos ochenta años…
El aparato de salud pública se ha pasado cuarenta años insistiendo (contra una cantidad significativa de evidencia revisada por pares) en que todas las vacunas infantiles son “seguras y efectivas” para todos los niños. Cuando la medicina mata, simpre acusan a la madre.
- Para las vacunas infantiles, algunos consideran que el uso de placebos en los ensayos clínicos es poco ético, pero ¿pueden los ensayos sin controles con placebo ofrecer resultados eficientes y útiles?
- En algunos ensayos se omitieron los placebos por razones éticas, supuestamente para no dejar expuestos a los no vacunados. Dar esto como razón es ilógico, ya que los estudios destinados a producir resultados poco confiables deberían considerarse, en sí mismos, poco éticos.
Los estudios sobre la seguridad de las vacunas tiene tres carencias metodológicas que se agravan mutuamente:
- Sin placebo, no se puede distinguir si un evento adverso fue causado por la vacuna o habría ocurrido de todas formas. Cualquier evento que aparezca en el grupo vacunado puede ser descartado como «coincidencia».
- Sin tiempo suficiente, los eventos que tardan meses o años en manifestarse —trastornos del desarrollo, autismo, enfermedades autoinmunes— simplemente no aparecen durante el período de seguimiento. A los 5 días o a los 6 meses, un bebé no muestra signos de autismo.
- Sin participantes suficientes, los eventos poco frecuentes pero graves no aparecen en la muestra por puro azar estadístico.
La combinación de estas tres carencias hace que los ensayos de vacunas pediátricas sean, desde el punto de vista de la seguridad, esencialmente incapaces de detectar daños graves que no sean inmediatos, obvios y muy frecuentes. Como admitió el propio Instituto de Medicina, pagado por el HHS: «Dado que los ensayos son principalmente para la determinación de la eficacia, las conclusiones sobre la seguridad de las vacunas derivadas de estos ensayos son limitadas» . Ver más sobre este tema click aquí
La seguridad de las vacunas contra la hepatitis B que se administran a los recién nacidos no se ha probado en un solo ensayo clínico controlado aleatorio con placebo inerte como se manifiesta en los propios prospectos y tiene sobredosis de aluminio neurotóxico. Este compendio de estudios de expertos, contiene la suficiente evidencia para que los padres puedan presentar a sus médicos y abogados y prevenir que su hijos sean intoxicados con vacunas que no tienen los suficientes estudios de seguridad como corresponde. Tambien sirve para educar a los médicos sin pensamiento crítico. Descargar libro click aqui
Sobre el Juicio
Desde el 22 de julio de 2026, el Centro de Control de Enfermedades ha publicado que la afirmación categórica de que «las vacunas no causan autismo» no es una afirmación basada en evidencia. Además, dice:
«Los estudios existentes no han descartado la posibilidad de que las vacunas infantiles contribuyan al autismo. Las autoridades de salud han ignorado los estudios que respaldan esta relación».
Las posibles relaciones causales y los mecanismos biológicos requieren una investigación más profunda.
Una distinción importante: la página de los CDC no afirma que se haya demostrado de manera concluyente que las vacunas causen autismo. Afirma que la posibilidad no se ha descartado adecuadamente y que la anterior garantía general carecía de fundamento científico.
Demanda contra la Academia Estadounidense de Pediatría AAP
El caso: Shaw y otros contra la Academia Estadounidense de Pediatría. Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, N.º de caso: 1:26-cv-00171-TJK, Juez: Timothy J. Kelly
El caso alega violaciones de la Ley federal contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), específicamente los artículos 18 U.S.C. §§1962(c) y (d). Se trata de una demanda civil en virtud de la ley RICO, no de un proceso penal iniciado por el Departamento de Justicia.
La acusación central de la demanda es que la AAP ha pasado más de dos décadas dando a padres, médicos y responsables políticos garantías categóricas de que el calendario completo de vacunación infantil está «plenamente probado» y es seguro, mientras que sabían que ni el calendario acumulativo, ni las vacunas individuales han sido estudiadas de manera exhaustiva.
- La AAP utilizó su revista Pediatrics, su Libro Rojo, el sitio web HealthyChildren.org y su red de aproximadamente 67.000 pediatras para difundir estas garantías.
- Un artículo de 2002 dirigido por el Dr. Paul Offit, en el que se calculaba que los bebés podrían, en teoría, responder inmunológicamente a aproximadamente 10.000 vacunas simultáneamente, se utilizó para responder a una pregunta más amplia sobre la seguridad que el cálculo en sí mismo no examinaba.
- La AAP se opuso o desaconsejó las investigaciones que comparaban a los vacunados con los no vacunados y los esquemas alternativos, cuya consideración habían recomendado los informes del Instituto de Medicina de 2002 y 2013.
- Las empresas farmacéuticas —entre ellas Pfizer, Merck, Sanofi y GlaxoSmithKline— brindaron apoyo financiero a la AAP, mientras que los incentivos de desempeño de las aseguradoras recompensaban económicamente a los consultorios que alcanzaban las metas de vacunación.
- El Libro Rojo, la certificación de la junta, la acreditación hospitalaria y las normas de los colegios médicos supuestamente formaron una estructura de cumplimiento que sancionaba a los médicos que se desviaban del calendario aceptado.
- Las declaraciones, publicaciones y comunicaciones electrónicas de la AAP constituyeron actos repetidos de fraude postal y electrónico.
- La supuesta «empresa» incluía a la AAP, a los fabricantes de vacunas, a la Junta Estadounidense de Pediatría y a ciertos voceros influyentes a favor de las vacunas.
Childrenshealthdefense.org, CHD compara la conducta alegada con la estrategia histórica de la industria del tabaco, no porque los productos sean idénticos, sino porque afirma que ambos sistemas utilizaron organizaciones científicas aparentemente autorizadas para crear una narrativa pública engañosa. Explicación de CHD sobre su caso.
Los demandantes individuales
- La demanda de Andrea Shaw alegaba originalmente que sus gemelos de 18 meses murieron ocho días después de recibir las vacunas DTaP, contra la hepatitis A y contra la gripe.
- Shanticia Nelson alega que su hija de un año falleció menos de doce horas después de recibir seis inyecciones durante una cita de vacunación de recuperación.
- «Jane Doe» alega que un asesor médico escolar rechazó las exenciones emitidas por los médicos que atendían a su hija, tras lo cual la niña fue vacunada y sufrió más problemas de salud.
- El Dr. Paul Thomas y el Dr. Kenneth Stoller alegan daños económicos y profesionales derivados de medidas disciplinarias por sus prácticas de vacunación y exenciones médicas.
Dr. Paul Thomas : Como las farmacéuticas sobornan a los pediatras para que estos exijan las vacunas del calendario https://www.bitchute.com/video/MCRaeg0JXoq7
Lo que los demandantes solicitan:
- Una declaración judicial de que no se ha demostrado que el calendario completo sea seguro y que determinadas declaraciones de la AAP fueron sustancialmente engañosas.
- Una orden judicial que obligue a la AAP a publicar aclaraciones correctivas en el Libro Rojo y otras publicaciones.
- Una orden que impida nuevas afirmaciones de seguridad sin reservas.
- Indemnización por daños y perjuicios triplicada por las supuestas pérdidas económicas de los demandantes individuales.
- Costas judiciales y honorarios de abogados.
- Un juicio con jurado.
La respuesta de la AAP
El 3 de abril de 2026, la AAP presentó una moción solicitando al tribunal que desestimara el caso en su totalidad. Sus argumentos principales son los siguientes:
- Una controversia científica o una limitación de la investigación no constituye una actividad fraudulenta.
- La demanda no identifica declaraciones suficientemente precisas y objetivamente falsas realizadas con la intención de engañar.
- No alega el supuesto fraude postal y electrónico con el grado de detalle requerido por la ley federal.
- Las donaciones, la cooperación profesional y las posiciones políticas compartidas no constituyen una organización criminal a la que se aplique la ley RICO.
- La AAP no autoriza vacunas, no controla los colegios médicos ni toma decisiones individuales sobre tratamientos.
- Los supuestos daños dependen de decisiones intermedias tomadas por médicos, organismos reguladores, escuelas y otras partes, lo que hace que la relación de causalidad sea demasiado remota.
- CHD no ha demostrado tener legitimación como organización o asociación.
- Es posible que los demandantes privados en un proceso civil bajo la ley RICO no tengan derecho a la amplia medida cautelar correctiva solicitada.
La AAP califica el caso como un intento de transformar el desacuerdo sobre la evidencia científica en acusaciones de criminalidad. Lea el memorándum de desestimación de la AAP.
Situación actual del caso
La AAP presentó su moción de desestimación el 3 de abril; los demandantes presentaron su oposición el 9 de junio; y la AAP presentó su réplica el 14 de julio. Al 23 de agosto de 2026, el expediente público no registra ninguna decisión sobre dicha moción. El caso sigue pendiente, pero no ha llegado a la etapa de presentación de pruebas ni al juicio, y ningún tribunal ha determinado que la AAP haya cometido fraude o actividad delictiva organizada. Expediente actual del caso.
La demanda plantea una pregunta legítima
La evidencia relativa al calendario acumulativo en su conjunto es menos exhaustiva que la evidencia relativa a vacunas individuales y combinaciones específicas. El informe de 2013 del Instituto de Medicina (IOM) respaldó expresamente la continuación de la investigación observacional mediante sistemas como el Vaccine Safety Datalink.
Sin embargo, la denuncia presenta solo un lado de ese informe. El mismo comité del IOM afirmó que no encontró evidencia de problemas de seguridad importantes asociados con el cumplimiento del calendario de vacunación infantil, ni evidencia que vinculara el calendario con las afecciones crónicas que examinó. Influenciado por la industria farmacéutica sólo se limitó a recomendar una mayor vigilancia, no la conclusión de que el calendario fuera fraudulento o inseguro.
La base de evidencia está incompleta, por lo tanto, la evaluación es que la demanda plantea importantes cuestiones de transparencia y conflicto de intereses, pero su actual formulación en virtud de la ley RICO corre un riesgo de ser desestimada. La cuestión de mayor interés público es si la AAP ha comunicado con honestidad las limitaciones de la investigación sobre los horarios acumulativos.
Síndrome de muerte súbita infantil (SMSI)
Es imposible saber cuántos bebes mueren en los países de Latino América al año, los gobiernos de turno se han encargado de que esa información sea inaccesible al público. En Estados Unidos que lleva un registro aunque muy deficiente registra más de cinco muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos, una cifra muy superior a la de otros países desarrollados. Después de los defectos congénitos y la prematuridad, el Síndrome de muerte súbita infantil (SMSI) es la tercera causa de muerte infantil.
Los datos del VAERS revelan que más del 75% de los casos de SMSI notificados se producen en la semana siguiente a la vacunación, con un pico en el segundo día, y el resto en los dos meses siguientes. Esto sugiere claramente un vínculo biológico con las vacunas que hasta ahora se ha ocultado.
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Las pruebas también demuestran que, al no existir protocolos postmortem coherentes, las investigaciones de las muerte súbitas a menudo no captan todos los casos ni las posibles causas neuropatológicas, lo que puede ocultar la relación con las vacunas.
Bebés que mueren de forma repentina e inexplicable, sin que el sistema médico realice investigaciones más profundas sobre el «síndrome de muerte súbita infantil».
El síndrome de muerte súbita infantil (SMSI) definido tradicionalmente como la muerte súbita de un bebé aparentemente sano menor de un año por razones desconocidas. Durante décadas, se consideró un enigmático «diagnóstico de exclusión», que a menudo se atribuía a factores ambientales como dormir boca abajo, el exceso de calor y, en casos extremos, se culpaba a los padres de maltrato. Ver más click aqui
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