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Estamos ante un escrito presentado por una abogada, la doctora Mónica Graciela Mirácola, ante el Concejo Deliberante de la ciudad de Olavarría (provincia de Buenos Aires). La presentación se hizo el 8 de julio de 2026. Lo que sigue es un desglose de lo que dice, traducido para cualquiera que no tenga formación en derecho. Este documento sirve para que se haga adhesión en el consejo deliberante y ellos actúen en el caso de los bebés judicializados. Ya que toma carácter de interés general, al compartirlo con más personas esto toma más importancia para que estas aberraciones no vuelvan a suceder. Agradecemos su difusión.
La abogada denuncia ante el Concejo Deliberante de Olavarría que el hospital municipal y las áreas de niñez de la comuna fabricaron pruebas, manipularon resultados de laboratorio, medicaron a la madre para hacerla quedar como consumidora, retuvieron a dos bebés sanos para vacunarlos a la fuerza, y actualmente mantienen a los chicos en un paradero desconocido para la familia. Todo esto, según la presentación, con la apariencia de un procedimiento legal pero con un entramado de fraude procesal y científico. La abogada pide a los concejales que investiguen y controlen, porque sostiene que lo ocurrido configura una gravísima desviación de poder por parte de los funcionarios municipales.
Quién presenta esto y por qué
La abogada representa a una madre y un padre a quienes el Estado les sacó a sus hijos (dos bebés, llamados «lactantes» en el texto) mediante una medida judicial conocida como «abrigo». Un abrigo es una decisión de un juzgado de familia que separa a los chicos de sus padres y los pone bajo custodia del Estado cuando se considera que están en peligro.
La abogada dice al Concejo Deliberante: «esto que hicieron con esta familia es un fraude, y ustedes como concejales tienen que investigarlo y controlarlo».
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Cuáles son las acusaciones principales
El documento describe cinco maniobras graves que, ocurrieron dentro del sistema de salud y niñez municipal:
1. Resultados de laboratorio manipulados
El hospital municipal (el Hospital Dr. Héctor M. Cura) le hizo a uno de los bebés unos análisis rápidos de detección de sustancias, conocidos como «screening» o tamizaje. Estos análisis, según dice el propio papel del hospital, son pruebas preliminares, orientativas, que no tienen validez legal por sí solas y necesitan una confirmación con un método más preciso (la espectrometría de masas). Sin embargo, el hospital usó esos resultados provisorios como si fueran definitivos para justificar la separación de los chicos de su familia. Cuando finalmente se hizo la prueba confirmatoria obligatoria, el resultado fue negativo para todas las sustancias. Es decir, no había nada. Pero los chicos ya habían sido sacados de su hogar.
2. Le dieron un calmante a la madre y después usaron eso en su contra
Cuando le comunicaron a la madre la medida de abrigo, ella estaba en una situación de extrema angustia y vulnerabilidad. En ese contexto, una médica de guardia del hospital le administró un comprimido de Lorazepam de 2 miligramos (un ansiolítico, de la familia de las benzodiazepinas). Horas más tarde, el mismo hospital le sacó una muestra (probablemente de sangre u orina) y, como era esperable, el análisis dio positivo en benzodiazepinas. Con ese resultado, el hospital intentó hacerla quedar como una madre con problemas de consumo de sustancias para justificar aún más el abrigo. Todo esto mientras los propios informes de psiquiatría del hospital decían que la madre estaba lúcida, orientada y no necesitaba internación psiquiátrica.
3. Los bebés estaban sanos pero igual no los dejaron salir
Los médicos pediatras que atendieron a los bebés (médicos que la madre no eligió, sino que fueron impuestos por el sistema) dieron el alta médica formal el 29 de mayo. Según consta en las historias clínicas, los chicos estaban clínicamente sanos, estables y con todos los estudios normales. A pesar de eso, el hospital los retuvo igual. Según la abogada, esta retención se hizo para cumplir con directivas de vacunación obligatoria que venían de la Dirección de Epidemiología del municipio.
Denuncia sobre violencia estatal contra la familia y los niños – Dra. Chinda Brandolino – https://www.bitchute.com/video/JOTXLG1DwHv8
4. Les aplicaron segundas dosis de vacunas pese a las reacciones adversas y las denuncias en curso
La primera ronda de vacunación compulsiva (es decir, forzada, sin consentimiento real de los padres) provocó en los bebés cuadros de shock, taquicardia y vómitos. Ya existía una denuncia penal por lesiones culposas calificadas en la Fiscalía de Delitos Especiales de la ciudad de Azul. Sin embargo, y a pesar de todo esto, ya se confirmó que les aplicaron las segundas dosis. La abogada califica esto como una violación a la Ley de Derechos del Paciente.
5. La familia no sabe dónde están los chicos ni cómo están de salud
La abogada denuncia que la familia desconoce el paradero actual de los bebés y no recibe información sobre su estado de salud real. Dice que hay un «cerco de incomunicación informativa» impuesto por las dependencias municipales y por el hogar donde están alojados.
Qué medidas tomó la abogada en la Justicia
Paralelamente a esta presentación ante el Concejo Deliberante, la abogada ya hizo dos movimientos judiciales concretos:
- Presentó ante el Juzgado de Familia un escrito de impugnación de la medida de abrigo por vicios graves de nulidad. Básicamente, le pidió al juez que anule todo el procedimiento porque se basó en pruebas falsas o manipuladas.
- Presentó ante la Fiscalía Penal un pedido urgente de aseguramiento de prueba. Solicitó que se ordene el secuestro de los registros informáticos del hospital (los logs de auditoría, las planillas de enfermería, los registros de stock de farmacia) para que no puedan ser borrados o alterados.
Qué le pide al Concejo Deliberante
La abogada no va al Concejo solo a contar lo que pasó. Va a pedir tres cosas concretas:
- Que reciban formalmente esta presentación y toda la documentación adjunta.
- Que incorporen todo este material a los Pedidos de Informes que ya está tramitando el Concejo sobre el funcionamiento de las áreas de niñez y salud de Olavarría.
- Que ejerzan el control político-legislativo que les corresponde, es decir, que investiguen y fiscalicen lo sucedido como representantes del pueblo.
Qué documentación adjunta
La abogada acompaña cuatro anexos en formato digital, todos con los datos de los menores borrados para proteger su identidad:
- Anexo A: el poder notarial que acredita que representa legalmente a los padres.
- Anexo B: la impugnación presentada ante el Juzgado de Familia.
- Anexo C: el pedido de aseguramiento de prueba presentado ante la Fiscalía Penal.
- Anexo D: una presentación previa dirigida al Intendente y al propio Concejo Deliberante.
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La advertencia sobre confidencialidad
La abogada cierra con una cláusula donde advierte que si por error queda algún dato que permita identificar a los menores, todos los funcionarios y empleados del Concejo están obligados por ley a mantener la más estricta reserva. Si alguien filtra información, se expone a una denuncia penal por violación de secretos.
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La vacunación obligatoria viola el derecho al consentimiento informado, una de las éticas más fundamentales de la medicina y un derecho humano reconocido por el derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. de 2005, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo de 2006 y en virtud de acuerdos reconocidos internacionalmente, como las Directrices éticas internacionales del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas para la Investigación Biomédica con Sujetos Humanos de 2002 y la Asociación Médica Mundial Declaración de Helsinki de 1964, revisada en 2013 y el Código de Nuremeberg.
Los efectos secundarios de la vacuna contra el Sarampión, Rubeola y Paperas, SRP (MMR en EE.UU.) incluyen convulsiones, que ocurren en aproximadamente 1 de cada 640 niños vacunados, aproximadamente 5 veces más frecuentemente que las convulsiones por infección de sarampión, sepa como eximir a sus hijos de esta vacuna. Este compendio de estudios de expertos, contiene la suficiente evidencia para que los padres puedan presentar a sus médicos y abogados y prevenir que su hijos sean intoxicados con vacunas que no tienen los suficientes estudios de seguridad como corresponde. Tambien sirve para educar a los médicos sin pensamiento crítico. Descargar libro click aqui
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