Buenos Aires, oposición a la privatización de AySA y defensa del agua pública

Panorama General

El documento a continuación expresa la profunda preocupación de distintos grupos socioambientales respecto al proceso de privatización en curso de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la principal empresa de agua y saneamiento en Argentina. Se recuerda el fracaso de la privatización en los años 90 y se denuncian las consecuencias negativas que aquella gestión privada tuvo sobre la calidad, cobertura y tarifas del servicio. Se resaltan los logros tras la reestatización en 2006 y se alerta sobre las acciones recientes del gobierno, que incluyen aumentos tarifarios, recortes de personal, paralización de obras públicas y reformas regulatorias que vulneran el derecho humano al agua.

Se solicita a los intendentes y concejos deliberantes defender la gestión pública del agua y rechazar la privatización, que implicaría un nuevo saqueo del patrimonio público y afectaría gravemente a los sectores más vulnerables.

Resumen

• Introducción y contexto histórico
• Diversos espacios socioambientales manifiestan preocupación frente a la privatización de AySA impulsada por el gobierno nacional.
• Denuncian que pretenden convertir el agua en una mercancía, similar al modelo privatista de los años 90.
• Se recuerda la concesión a Aguas Argentinas S.A. y su gestión deficiente e incumplidora.

• Deficiencias y consecuencias de la privatización en los años 90
• Incrementos tarifarios pese a incumplimientos en expansión e inversiones.
• Rentas extraordinarias para accionistas sin priorizar obras.
• Expansión del servicio solo en zonas acomodadas, abandono de barrios populares.
• Negligencia en saneamiento, causando problemas hídricos y contaminación del acuífero Puelche.
• No realización de obras clave como plantas de tratamiento.
• Endeudamiento irresponsable con organismos internacionales y conflictos de interés.
• El sobreendeudamiento condujo al colapso con la crisis de 2002.
• Riesgos similares de endeudamiento emergen en el nuevo contrato.

• Recuperación pública y avances posteriores a 2006
• Rescisión del contrato y reestatización generó nuevo marco regulatorio que reconoció el agua como un derecho.
• Se implementaron programas sociales de expansión del servicio en barrios populares (Agua+Trabajo, Cloaca+Trabajo).
• Se ampliaron coberturas de agua potable y cloacas; se incorporaron municipios con bajos niveles.
• La gestión pública avanzó en saneamiento y ampliación, aunque con insuficiente participación social.

• Retrocesos y situación actual bajo el gobierno libertario
• Paralización total de obras de expansión por el gobierno actual, cancelación de programas sociales y cierre del Fondo de Integración Socio Urbana.
• Despidos masivos en AySA, con reducción del 20% del personal especializado.
• Incremento tarifario elevado (entre 200% y más del 300%) que apenas cubre operación y mantenimiento, sin incluir expansión.
• Cierre de sedes de atención al público, violación de derechos de usuarios y riesgo de especulación inmobiliaria con patrimonio público.

• Modificaciones regulatorias y habilitación de privatización
• Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025 eliminó el derecho humano al agua.
• Se flexibilizaron controles de calidad del agua, elevando límites permitidos y quitando monitoreos vitales.
• DNU 494/2025 habilita venta mayoritaria de acciones a privados, concesión y especulación financiera.
• Se denuncia falta de consulta pública y violación de principios legales para modificaciones regulatorias.

• Rechazo a la privatización y llamados a la acción
• Críticas a la participación de la empresa israelí Mekorot, acusada de genocidio por su actuación en Gaza.
• Solicitud a municipios y concejos deliberantes para pronunciarse contra la privatización.
• Defensa del agua como derecho humano, bien común y bajo gestión pública.
• Coordinación con organizaciones populares para luchar contra políticas de ajuste y entrega.

• Conclusión
• El documento cierra con un llamado a mantener la gestión pública que ha garantizado avances en el servicio.
• Expresa la voluntad de continuar con la lucha por el acceso al agua y saneamiento de calidad para toda la población.

Señor Intendente

Honorable Concejo Deliberante

S                 /                 D

De nuestra consideración:

                                               Por la presente desde diversos espacios socio ambientales que desde hace años trabajamos por el saneamiento integral de las cuencas y por la ampliación de la cobertura del servicio de agua y saneamiento, venimos a exponerles nuestra posición y gran preocupación frente al proceso de privatización de AySA que viene implementado el gobierno nacional.

Queremos solicitarles que asuman la defensa al derecho humano al agua y saneamiento y a la expansión de la cobertura del servicio en condiciones de calidad, que se encuentran hoy amenazados por la lógica del mercado, que pretenden convertir el agua en una mercancía, como fue el modelo privatista en los años 90. En los años 90, se entregó en concesión Obras Sanitarias de la Nación

a la empresa Aguas Argentinas S.A., controlada por la transnacional del agua Suez Lyonnes, e integrada por Vivendi, Aguas de Barcelona, Banco Galicia y la Corporación financiera Internacional (Banco Mundial).

Nunca está de más recordar y denunciar el comportamiento de esa empresa que incumplió en forma sistemática y reiterada el contrato de concesión tanto en lo referente a tarifas, metas de distribución de agua potable, la expansión de la infraestructura y obras de saneamiento, generando prejuicios a los usuarios y a los intereses del país.

Diversos informes oficiales posteriores al colapso del modelo de convertibilidad, emitidos por la Comisión Renegociadora de las Tarifas y las Concesiones, posteriormente, la Unidad de Renegociación (UNIREN), del entonces ente regulador ETOSS, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entre otros estudios, han dado cuenta de la deficiente gestión privada de Aguas Argentinas S.A., que entre otros aspectos tuvo las siguientes características:

a)         Las tarifas se incrementaron a pesar de los incumplimientos en la expansión del servicio y las inversiones comprometidas.

b)         Obtuvieron rentas extraordinarias mediante múltiples revisiones contractuales y amnistías a incumplimientos del contrato de concesión. Priorizaron repartir dividendos entre los accionistas sin haber garantizado previamente el cumplimiento de las metas de inversión comprometidas;

d)  Expandir las obras en zonas con mayor poder adquisitivo y no atender las demandas en los barrios populares.

e)  Sostener una operación negligente del servicio al expandir sólo la red de agua y no acompañar la extensión de las cloacas importando agua del Río de la Plata, esto produjo un desbalance hídrico y el ascenso de las napas freáticas que inundaron nuestras casas y que contribuyó a contaminar el Acuífero Puelche; y dio lugar a demandas judiciales como el conocido Fallo sobre Napas (Expte. N° FLP 3529/2002, caratulado: “Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica ‘18 de Octubre’ c/ Aguas Argentinas y otros s/ amparo», proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de esta ciudad) donde después de 16 años la justicia reconoció el desbalance hídrico generado por AASA.

f) No realizar obras esenciales claves como la cuarta cloaca máxima y la planta de tratamiento de efluentes en Berazategui a pesar de los gravísimos riesgos de contaminación el Río de la Plata.

g) Al inicio de la concesión privada en los años 90, la empresa Aguas Argentinas S.A. mantuvo una política de crecimiento basada en un fuerte apalancamiento financiero con escaso aporte de capital propio.

Aguas Argentinas asumió un irresponsable endeudamiento, Los balances de la empresa a fines de 2001 y principios de 2002, mostraron que un 77% del pasivo correspondía a Préstamos Financieros, siendo los principales prestadores el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Europeo de Inversiones, el Ing. Barings y la Corporación Financiera Internacional (CFI). Cabe destacar que la CFI, cuyo principal accionista es el Banco Mundial, era a la vez accionista y acreedor de Aguas Argentinas, lo cual evidencia un caso de autopréstamos.

Al considerar que el 64% de la deuda de la empresa estaba contraída con estos organismos financieros internacionales (Informe ETOSS), quedaba en evidencia que los mismos prestadores permitieron esos altos niveles de endeudamiento. La misma fuente informaba además que la regulación había sido altamente flexible en favor de la empresa en la renegociación de 1997/99, al aceptar niveles de endeudamiento superiores a la oferta inicial, de forma de evitar comprometer aportes de capital propio para cubrir el financiamiento de la empresa. Este sobre endeudamiento derivó finalmente en una situación crítica al colapsar la denominada convertibilidad a partir del 2002.

Este riesgo vuelve a aparecer con el nuevo contrato de concesión que habilita el endeudamiento externo sin fijar controles al respecto.

En suma, la concesión privada tuvo aseguradas ganancias extraordinarias, que repartieron entre sus accionistas. No sólo no reinvirtieron, además se endeudaron para fugar capitales. Conocemos cual puede ser el futuro de otra reprivatización del servicio de agua y saneamiento.

La rescisión del contrato y reestatización de la empresa como Agua y Saneamiento en 2006, dio lugar a un nuevo marco regulatorio que reconoció al Agua como un Derecho y estableció un Plan Director que tendió a asegurar las obras incumplidas por la anterior prestadora privada.

Estas medidas fueron un paso importante y necesario para recuperar la gestión pública del servicio, pero insuficiente en cuanto a la participación de las organizaciones en el control de la empresa y en la elaboración y ejecución de los Planes Directores de expansión del servicio de agua y saneamiento.

Fuimos las organizaciones populares quienes impulsamos la expansión de obras con los programas de Agua más Trabajo y Agua más Cloaca, que permitieron en las barriadas el acceso al servicio, con planes que generaron empleo y redujeron enfermedades de salud (diarreas en niños).

Fueron años de lucha para que se reconociera la necesidad de atender en el Plan Director de AySA la construcción de plantas de tratamientos de efluentes por subcuencas (ej. la Planta de tratamiento de efluentes de Fiorito) para acelerar la expansión de la red.

La gestión estatal permitió ampliar la cobertura del servicio e incorporar nuevos municipios al área de concesión. Actualmente la cobertura de agua potable llega al 75,1% de la población y la de cloacas, al 62,8%. Cabe aclarar que entre 2017 y 2018 se incorporaron al área de concesión de AySA 9 municipios del conurbano bonaerense que anteriormente estaban en el área de operaciones de la empresa provincial Aguas Bonaerenses SA. Estos nuevos municipios tenían niveles de cobertura muy bajos. Desde la estatización de AySA se expandió la cobertura de agua potable que pasó del 76% en 2006 al 85% en 2022 en el área de concesión original que incluía CABA y 17 municipios del primer y segundo cordón del AMBA. Asimismo, se expandió en el mismo período la cobertura de cloacas que pasó del 57% de la población en 2006 al 72,6% en 2022.

Bajo la actual gestión libertaria se incrementaron las tarifas un 200%, aprobaron ajustes mensuales sólo para asegurar la operación y mantenimiento del servicio, sin incluir la expansión de obras.

Los sucesivos tarifazos de AySA, varían según las fuentes. Según la propia AySA las tarifas aumentaron en promedio un 204% en 2024, y luego se aplicaron ajustes del 1% mensual. En otras estimaciones (Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), el incremento en la tarifa promedio de AySA acumulado desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025, fue del 367% muy por encima de la inflación general (158%). Hoy día la empresa cubre sus costos operativos y mantenimiento, este es el objetivo previo para favorecer la privatización, que no tendrá a cargo el financiamiento de obras de expansión. Estas obras quedarán a cargo de privados, sin que resulte claro cuál será el costo de obras por terceros que se cargarán sobre los usuarios.

El ajuste se aplicó despidiendo trabajadores. La empresa informaba a noviembre de 2023, 7.799 empleados, y según el INDEC (mayo 2025) la empresa estatal tenía 6.222 empleados. Echaron al 20% de lxs trabajadores de la empresa, que atiende un área de concesión de más de 15.103.199 habitantes, que deben atender plantas potabilizadoras de agua, plantas de tratamiento de efluentes, estaciones elevadoras, acueductos, baterías de suministro, pozos de captación de agua subterránea, operación y mantenimiento de la red, obras de expansión del servicio, controles de calidad del servicio, entre otros aspectos. La actual administración persiste en continuar aún más con el ajuste.

La actual administración de AySA cerró de forma unilateral las sedes de atención al público en todos los distritos donde funcionaban. Ahora todos los trámites son por vía virtual y si alguien debe realizar un trámite personal debe dirigirse a la sede central de AySA en Córdoba y Riobamba en CABA. La atención de consultas y reclamos con camiones circulantes donde se avisa una semana antes su recorrido, no son una solución para miles de usuarios que ni se enteran de su recorrido. Esas sedes y los predios que ocupan si no vuelven a ser abiertas al público, serán objeto de especulación inmobiliaria sea del AABE o de la futura concesionaria privada, en cualquier caso esto evidencia el saqueo sobre el patrimonio público que viene aplicando el gobierno libertario en diversas áreas del estado.

Se violan aquí los derechos de los usuarios, conforme a la Constitución Nacional art. 42, el Capítulo VI de la Ley 24.240 y la ley provincial 14.692. En esta última norma se establece con absoluta claridad que todas las empresas de servicios públicos, entre estas agua y saneamiento deben contar con sedes de atención de los usuarios en las ciudades cabeceras de cada distrito. (art. 1)

Las modificaciones al marco regulatorio por Decreto de Necesidad y Urgencia violan el derecho humano al agua.

El Gobierno Nacional de la Libertad Avanza vuelve a impulsar privatizaciones de empresas públicas, que lograron recuperarse para la gestión pública a partir de la crisis del 2001. En el anticonstitucional Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, logró incluir un conjunto de empresas públicas entre estas AySA.

En un nuevo intento de entregar el patrimonio nacional, favorecer a grandes corporaciones y atentar contra derechos constitucionales como el acceso al agua, el gobierno libertario dictó dos decretos para habilitar la privatización del servicio de agua y saneamiento.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, impuso sin consulta alguna, modificaciones al Marco Regulatorio que rige a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Contraviniendo los principios que no pueden darse de baja derechos ambientales ya consagrados en las normas jurídicas,

. Se eliminó el Derecho Humano al Agua, con lo cual habilitan los cortes del servicio de agua y cloaca ante dificultades pago.

 . Se flexibilizaron y eliminaron parámetros de control de calidad del agua que permitían garantizar la salud de la población y contar con alertas tempranas de riesgos de posible contaminación. Baste señalar al respecto que se subió el parámetro existente de Nitratos de 45 mg/l a 50 mg/l, que contraviene el Código Alimentario Nacional. Se eliminaron controles de Cianuros, Nitritos, Floruros y Alcalinidad.

Rechazamos estas modificaciones impuestas al “Marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales”, venimos reclamando en sedes judiciales la nulidad absoluta e insanable de esta norma que se dictó sin que existan razones válidas que justificaran una emergencia. Las facultades delegadas por la ley Bases (27742) ya habían vencido y no se puede aceptar el dictado de una emergencia sobre otro DNU que dictaba la misma medida.

Cualquier modificación del marco regulatorio debe pasar por el debate público y aprobarse por una ley del Congreso.

El DNU 494/2025, habilitó el proceso de privatización de la empresa con la venta del 90% de las acciones hoy en manos del estado nacional. Plantean concesionar un 51% de las acciones a un operador privado del servicio y la venta del 39% restante de acciones en la bolsa. Una vez más se pretenden enajenar un servicio público en favor de los intereses de corporaciones privadas, con el agravante de someterla a la especulación financiera internacional.

Las empresas transnacionales del agua, sean europeas o norteamericanas sólo les interesa obtener rentas extraordinarias, vía tarifas extraordinarias sin involucrarse en la expansión del servicio. Volverán a endeudarse para fugar capitales e incrementar sus patrimonios en las bolsas internacionales. No podemos aceptar un nuevo saqueo.

Queremos también compartirles nuestra preocupación y rechazo a la participación directa e indirecta en AySA, de la empresa estatal israelí Mekorot, corresponsable de genocidio por privar del suministro de agua a la población palestina en la franja de Gaza.

Frente a estas políticas de ajuste y entrega queremos solicitarles que desde los municipios y los Concejos Deliberantes se pronuncien contra la privatización de AySA. El servicio de agua y saneamiento debe mantenerse bajo la gestión pública que Ha garantizado hasta ahora la expansión de la cobertura para nuestros pueblos.

Desde nuestros espacios acordamos coordinar con todas las organizaciones del campo popular la lucha para garantizar el agua como un derecho humano y bien común de todas las especies, así como la gestión pública de la principal empresa de agua y saneamiento del país.

Les saludamos muy cordialmente, Espacio Intercuencas

Buenos Aires, 9 de Mayo de 2026