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Por primera vez desde el inicio de la pandemia, un organismo asesor federal de vacunas en Estados Unidos ha reconocido una deficiencia significativa en el sistema nacional de seguridad de vacunas.
Un informe filtrado, preparado para el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), revela que muchos individuos con enfermedades prolongadas posteriores a la vacunación contra Covid-19 han sido ignorados por el sistema médico encargado de vigilar la seguridad de estas inyecciones.
Este documento fue elaborado por el grupo de trabajo sobre la vacuna Covid-19 que asesora al ACIP, presidido por el profesor Retsef Levi del MIT.
El grupo de trabajo señala que son necesarias reformas “fundamentales y esenciales para recuperar la confianza pública en los programas de vacunación, que tienen obligaciones morales y bioéticas vinculadas a la solidaridad, la justicia y la equidad.”
El informe, obtenido surge en un contexto político delicado. La reunión programada para febrero del ACIP fue cancelada abruptamente sin una explicación pública.
Un investigador senior de los CDC, conocedor de la situación y que habló bajo condición de anonimato, sugirió que el informe era políticamente sensible.
“Evidentemente hubo factores políticos involucrados en el aplazamiento de la reunión de febrero del ACIP,” afirmó el investigador. “Sin embargo, el grupo de trabajo en general apoyó el documento.”
El investigador añadió que respalda el documento “de manera plena”, subrayando que era “muy necesario reconocer y tratar a las personas afectadas por lesiones vacunales.”
El informe aún no ha sido divulgado públicamente y se espera que sea discutido en la próxima reunión del ACIP, prevista para los días 18 y 19 de marzo. El profesor Levi declinó hacer comentarios.
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Enfoque en la deficiencia del sistema
El informe se centra en lo que denomina Síndrome Post-Agudo de Vacunación contra Covid-19 (PACVS, por sus siglas en inglés).
Este término se refiere a síntomas que persisten durante al menos 12 semanas tras la vacunación y que no pueden ser explicados por otra condición médica.
Los pacientes con PACVS presentan con frecuencia una enfermedad compleja que afecta múltiples sistemas. Los síntomas pueden involucrar los sistemas
El cuadro clínico es variable. Algunos desarrollan fatiga severa, deterioro cognitivo, neuropatía o disautonomía.
Otros experimentan dolor torácico, alteraciones inmunitarias o problemas endocrinos. Los síntomas suelen fluctuar y evolucionar, lo que dificulta el diagnóstico en fases tempranas.
Las características clínicas suelen superponerse con las del Covid prolongado, incluyendo fatiga, deterioro cognitivo, disautonomía, neuropatía, dolor torácico y alteraciones inmunológicas.
No obstante, muchos pacientes quedan en una especie de limbo diagnóstico, especialmente en etapas iniciales.
Algunos llegan a cumplir criterios para condiciones reconocidas tales como el síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS), neuropatía de fibras pequeñas o encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica (EM/SFC).
Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento puede tomar años. Mientras tanto siguen vacunado niños y las instituciones médicas en silencio.
El grupo de trabajo argumenta que estas dificultades no indican ausencia de enfermedad, sino que ponen de manifiesto las limitaciones de los sistemas empleados para detectar y clasificar estas patologías.
Limitaciones en la vigilancia
El documento identifica una problemática clave: las deficiencias en los sistemas de vigilancia existentes.
En varios paìses de Latino America los sistemas diseñados para detectar lesiones por vacunas no funcionan y tienen una efectiva falta de transparencia, en EE.UU., tienen sistemas poco utilzados y son para capturar reacciones agudas, es decir, eventos que ocurren en días o pocas semanas tras la vacunación.
Las enfermedades persistentes y en evolución no se integran con facilidad en estos sistemas.
En la práctica, las lesiones vacunales se registran principalmente a través de códigos diagnósticos generales y sistemas de notificación pasiva, como el Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS).
Estos sistemas dependen en gran medida de que los clínicos reconozcan un problema y lo reporten, cosa que no es lo habitual.
Sin embargo, cuando los síntomas se desarrollan gradualmente, afectan a múltiples órganos o simulan otras enfermedades, su clasificación se complica considerablemente.
El informe señala que actualmente no existe un código diagnóstico específico para enfermedades crónicas post-vacunación, ni existen guías diagnósticas estandarizadas ni sistemas coordinados para el seguimiento a largo plazo.
El resultado es una fragmentación significativa
Los médicos enfrentan dificultades para documentar los casos, las aseguradoras pueden rechazar reclamaciones y los pacientes suelen ser derivados entre especialistas sin una diagnosis unificada.
Cuando los casos se registran de forma inconsistente rara vez se reflejan claramente en los datos agregados de seguridad. Esta situación puede dar la impresión errónea de que dichas lesiones son poco frecuentes, cuando en realidad el sistema de vigilancia no logra detectarlas adecuadamente.
El grupo de trabajo también advierte sobre un aspecto clínico preocupante.
Algunos pacientes que presentaron síntomas tras la primera dosis de la inyección fueron aconsejados, e incluso presionados, para continuar con la vacunación, y algunos manifestaron empeoramiento de sus síntomas tras dosis subsecuentes.
El informe concluye que la falta de reconocimiento de estas lesiones ha distorsionado la evaluación de riesgos y beneficios, comprometido la atención clínica y erosionado la confianza pública.
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Propuestas de reforma
El grupo de trabajo plantea tres reformas principales:
Primero, demanda la creación de códigos diagnósticos específicos en la ICD-10 para enfermedades persistentes post-vacunación. El código ICD, o Código Internacional de Enfermedades, es un sistema estandarizado para clasificar y codificar enfermedades y problemas de salud.
Los códigos diagnósticos son fundamentales en la atención sanitaria actual: sin ellos, las condiciones no pueden ser documentadas, investigadas ni reembolsadas de forma confiable ni incorporadas en guías clínicas.
El informe destaca que la asignación de un código específico para el Covid prolongado mejoró rápidamente su reconocimiento y vigilancia.
Segundo, recomienda establecer guías diagnósticas formales y capacitación especializada para clínicos.
Muchas de estas enfermedades post-vacunación no aparecen en pruebas médicas convencionales, por lo que su detección requiere la evaluación de patrones sintomáticos y la evolución clínica en lugar de depender únicamente de pruebas de laboratorio.
Pocos médicos han recibido formación específica para reconocer este tipo de lesiones.
Tercero, sugiere la creación de una red nacional de centros especializados en Covid prolongado y lesiones post-vacunación, coordinada por los CDC.
Inspirado en el modelo del Children’s Oncology Group, este sistema concentraría experiencia, estandarizaría la atención, recopilaría muestras biológicas y realizaría seguimiento longitudinal de pacientes, transformando la vigilancia pasiva en una investigación activa.
Perspectivas futuras
La propuesta será sometida a consideración del ACIP.
La próxima reunión del comité, prevista para el 18 y 19 de marzo, constituirá la primera prueba real para determinar si estas iniciativas trascienden del papel a la política pública.
En caso de ser adoptadas, las recomendaciones implicarían un cambio sustancial en la forma en que Estados Unidos reconoce, monitorea y trata las lesiones por vacunas.
Para los pacientes afectados y sus familias, esto representa más que un documento político; implica un reconocimiento formal tras años de desestimación, una validación frente a la negación de sus padecimientos.
Para los clínicos que han intentado brindar atención sin guías claras, estas propuestas podrían proporcionar rutas diagnósticas largamente postergadas.
En esencia, el informe constituye una admisión y un plan de acción: reconoce que los sistemas de seguridad fallaron en detectar daños complejos y persistentes, y propone medidas para corregirlo.
La interrogante que subsiste es clara: ¿actuará el sistema o retrocederá?. Hay que tomar en cuenta de que recientemente el presidente Trump ha firmado una Orden Ejecutiva que moviliza una ley para proteger la producción nacional del herbicidas a base de glifosato dejando como evidencia de que no esta del lado de Robert Kennedy Jr. y que responde a los intereses de Bayer y otros Laboratorios.
La seguridad de las vacunas contra la hepatitis B que se administran a los recién nacidos no se ha probado en un solo ensayo clínico controlado aleatorio con placebo inerte como se manifiesta en los propios prospectos y tiene sobredosis de aluminio neurotóxico. Este compendio de estudios de expertos, contiene la suficiente evidencia para que los padres puedan presentar a sus médicos y abogados y prevenir que su hijos sean intoxicados con vacunas que no tienen los suficientes estudios de seguridad como corresponde. Tambien sirve para educar a los médicos sin pensamiento crítico. Descargar libro click aqui
Aún falta implementar reformas profundas para incrementar la transparencia y la supervisión de la seguridad del sistema nacional de vacunación
La Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles de 1986 ordena a las principales autoridades sanitarias crear un grupo de trabajo con el objetivo de disminuir las reacciones adversas a las vacunas y mejorar la supervisión en aspectos tales como la concesión de licencias, manufactura, pruebas, etiquetado, distribución y monitoreo de seguridad.
Dicho grupo estaba encargado de presentar informes al Congreso cada dos años sobre sus avances, pero fue disuelto en 1998.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) lo restableció en agosto de 2025.
Entre las diferentes propuestas se destaca la ampliación del acceso a datos. ICAN instó a las agencias federales a liberar conjuntos de datos relacionados con la salud y las vacunas, permitiendo así a investigadores independientes la realización de estudios propios sobre la seguridad vacuna.
Se recomendó la publicación pública de datos anonimizados provenientes de sistemas federales de salud, incluidos los del Vaccine Safety Datalink, el Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) y otros sistemas de vigilancia federal.
Además, ICAN propuso que antes de iniciar cualquier estudio se publiquen en línea los diseños detallados y que, posteriormente, los resultados completos estén disponibles en la misma página pública. En caso de que un estudio se interrumpa antes de su conclusión, se debería explicar el motivo.
El científico senior de CHD, Karl Jablonowski, ha reclamado durante largo tiempo un mayor acceso a los métodos de estudio y a los datos públicos relacionados con vacunas para facilitar la investigación independiente y la verificación.
Según Jablonowski, una conclusión científica no revisada de manera independiente no deja de ser una opinión; las decisiones en el diseño y ejecución de un estudio pueden alterar de forma significativa los resultados. De este modo, un estudio ofrece una opinión, mientras que diversos estudios concordantes generan un consenso.
Asimismo, ICAN y CHD han enfrentado resistencia considerable por parte del NIH, CDC y FDA al solicitar datos sobre seguridad de vacunas. Ambas organizaciones han presentado demandas para exigir la publicación de información pública relacionada con ensayos clínicos de vacunas contra COVID-19, reportes de eventos adversos y otros datos sobre lesiones por vacunas, procesos que han permanecido estancados en los tribunales durante varios años.
En relación con la Ley de Libertad de Información (FOIA), ICAN propuso que las agencias erradiquen la acumulación de solicitudes de registros públicos en un plazo máximo de 60 días, capaciten nuevamente al personal en cumplimiento de FOIA y asignen al menos un 1% de su presupuesto a la gestión de FOIA.
Los efectos secundarios de la vacuna contra el Sarampión, Rubeola y Paperas, SRP (MMR en EE.UU.) incluyen convulsiones, que ocurren en aproximadamente 1 de cada 640 niños vacunados, aproximadamente 5 veces más frecuentemente que las convulsiones por infección de sarampión, sepa como eximir a sus hijos de esta vacuna. Este compendio de estudios de expertos, contiene la suficiente evidencia para que los padres puedan presentar a sus médicos y abogados y prevenir que su hijos sean intoxicados con vacunas que no tienen los suficientes estudios de seguridad como corresponde. Tambien sirve para educar a los médicos sin pensamiento crítico. Descargar libro click aqui
Además, se planteó que cualquier empleado que evada intencionalmente FOIA, por ejemplo, mediante canales privados, uso de códigos, errores ortográficos deliberados o mensajes que desaparecen, debería ser sujeto a despido.
Una investigación congresional en 2024 evidenció que el Dr. David Morens, asistente de larga data de Anthony Fauci, empleó tales prácticas para ocultar información sensible al público, incluyendo la eliminación de correos electrónicos y la realización de actividades oficiales desde cuentas privadas, además de colaborar con un administrador de la oficina FOIA del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas para alterar palabras clave en solicitudes públicas.
En cuanto a la mitigación de conflictos de interés entre funcionarios de salud y la industria farmacéutica, ICAN sugirió que el HHS solicite, sin imponer, a empleados federales y miembros de comités asesores que se comprometan a no aceptar compensaciones de la industria farmacéutica tras dejar el servicio público, publicando sus respuestas en los sitios web de las agencias.
También recomendó que dichas agencias eviten contratar a individuos que previamente hubieran recibido financiamiento de compañías farmacéuticas.
Esta práctica, conocida como puerta giratoria, es común. Un ejemplo es la Dra. Julie Gerberding, exdirectora del CDC, quien al salir de la agencia asumió la presidencia de la división de vacunas de Merck, acumulando durante su gestión una fortuna superior a 100 millones de dólares.
Asimismo, Peter Marks, director del Centro para la Evaluación y la Investigación Biológica de la FDA durante la pandemia de COVID-19, se incorporó a Eli Lilly como vicepresidente sénior y jefe de enfermedades infecciosas tras su salida en abril de 2025.
El documento de ICAN también recomienda limitar la capacidad de las agencias federales para aceptar fondos externos y restringir becas a organizaciones que reciban financiación de la industria farmacéutica.
Se propuso limitar las subvenciones del NIH a estudios sobre causas fundamentales de enfermedades, prevención no farmacéutica y replicación de investigaciones, además de impedir que empleados del NIH reciban más de una mínima cantidad anual en regalías derivadas de patentes relacionadas con tecnologías de vacunas.
Una investigación de 2023 realizada por Adam Andrzejewski, fundador de OpenTheBooks.com, reportó que anualmente el NIH otorga cerca de 32 mil millones de dólares en subvenciones a aproximadamente 54.000 entidades sanitarias, entre ellas farmacéuticas, universidades y centros de investigación.
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Mediante más de 50.000 solicitudes FOIA, Andrzejewski detectó que durante los últimos doce años aproximadamente 1.4 mil millones de dólares de dichas subvenciones retornaron al liderazgo del NIH y a 2.400 científicos en forma de regalías de terceros secretas, pagadas por las compañías farmacéuticas a inventores acreditados como científicos del NIH.
Se propuso además que las recomendaciones sobre vacunas del CDC migren de directrices rutinarias a decisiones clínicas compartidas entre médico y paciente.
ICAN planteó que el CDC solo recomiende vacunas para el esquema infantil al cumplir nuevos estándares de licenciamiento, incluyendo ensayos clínicos aleatorios y doble ciego con periodos de monitoreo de seguridad de hasta cuatro años para lactantes.
Exigió la realización de grandes ensayos controlados con placebo, revisiones obligatorias posteriores a la administración, incrementos en inspecciones de manufactura por parte de la FDA y divulgación pública de resultados de pruebas de viales.
Las vacunas existentes que no puedan demostrar datos de seguridad bajo estos estándares en un plazo de dos años deberían ser excluidas del calendario, según ICAN.
El comunicado también solicitó requisitos más estrictos para reportar eventos adversos postvacunación y mejoras en VAERS, así como que las hojas informativas de vacunas incluyan descripciones detalladas de ensayos clínicos, lista de ingredientes y eventos adversos postcomercialización reportados por fabricantes.
Adicionalmente, ICAN planteó la expansión del Programa Nacional de Compensación por Lesiones Vacunales para asegurar un foro accesible y eficiente para la compensación oportuna para el cual fue diseñado.
Finalmente, ICAN requirió a los funcionarios federales la distribución de la carta entre todos los miembros del grupo de trabajo y la confirmación de si adoptan las recomendaciones o una explicación en caso negativo.
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