
De acuerdo al Dr. Julio Razona (abogado) un Código de Convivencia provincial (cuyo art. 75 bis que quiere imponer el gobierno de Cordoba) no puede válidamente aplicar multas ni detenciones a padres por negarse a vacunar a sus hijos.
La ley Nacional 27.491 —norma de orden público y de jerarquía superior en la materia— no prevé sanciones para los particulares, sino únicamente para los efectores del sistema de salud (sanitaristas)que incumplen con la provisión, información y acreditación de vacunación (arts. 13 y 14)
Cuando existe ley nacional específica, ésta prevalece y fija el marco mínimo obligatorio. Por la Constitución Nacional las provincias no pueden dictar normas que alteren, contraríen o desnaturalicen una ley nacional.
La ley 27491 (art 29) no prevé penalidades para los padres que se nieguen a vacunar a sus hijos. Una norma provincial que castigue a los padres que no cumplen crearía una obligación sancionatoria no prevista, resultando inconstitucional por violar el principio de legalidad (art. 18 CN).
Los códigos provinciales/municipales solo pueden sancionar conductas en su propio ámbito (ruidos molestos, disturbios, daño al espacio público, etc.), pero no pueden legislar sobre derechos personalísimos ni imponer coerción sobre facultades constitucionales, como el derecho a la salud o a la patria potestad.
Solo una ley formal nacional (no un código menor) o una decisión judicial dentro de un debido proceso, en el que se escuche a los padres y exista una doble instancia, podría imponer una medida coercitiva.
Esa sancion del gobierno de Cordoba a los padres por no vacunar es inconstitucional por:
- a) Violar el principio de legalidad penal y administrativa
- b) Invadir materia regulada por ley nacional
- c) Afectar autonomía y derechos personalísimos (art. 19 CN)
- d) Modificar el régimen de responsabilidad previsto en la ley nacional 27491
Tener en cuenta que si un municipio o la provincia pretendieran aplicarla, se pueden defender a los niños de esa accion totalitaria e ilegal mediante una
Acción de amparo + medida cautelar o una Accion de Habeas Corpus Preventivo.
La solidaridad en el conocimiento y el ejercicio de la soberania personal es el antidoto ante tanto totalitarismo.
Quieren judtificar esta medida alegando que las vacunas protegen a toda la comunidad y el que no se vacuna pone en riesgo a los demás , esto es falso, vea los estudios que demuestran lo contrario, click aqui.
Es increible que se surjan esta amenazas cuando ya es notorio el prontuario que han acumulado los laboratorios fabricantes de vacunas:
Pfizer, Resumen de Infracciones
Pfizer: Sede central en: Nueva York
Industria Principal: farmacéutica
Total de sanciones desde el 2.000 para empresas actualmente propiedad de Pfizer: $11,282,310,400
Número de registros: 108
| LOS 5 PRINCIPALES GRUPOS OFENSIVOS (GRUPOS DEFINIDOS) | PENA TOTAL | NÚMERO DE REGISTROS |
|---|---|---|
| Delitos relacionados con la seguridad | $5.637.014.255 | 15 |
| Delitos relacionados con la atención sanitaria | $3.394.425.000 | 11 |
| Delitos relacionados con la contratación pública | $1.207.937.502 | 22 |
| Delitos relacionados con la competencia | $1.028.819.452 | 20 |
| Delitos relacionados con el empleo | $6.335.164 | 6 |
| LOS 5 PRINCIPALES TIPOS DE DELITOS PRIMARIOS | PENA TOTAL | NÚMERO DE REGISTROS |
|---|---|---|
| violación de seguridad de medicamentos o equipos médicos | $5.636.840.000 | 9 |
| Promoción de productos médicos no autorizada o no aprobada | $3.394.425.000 | 11 |
| Ley de Reclamaciones Falsas y afines | $1.207.937.502 | 22 |
| prácticas de fijación de precios o anticompetitivas | $933.902.884 | 14 |
| Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero | $60.216.568 | 3 |
Resumen de infracciones de Laboratorios Merck
Merck: Sede central en: Nueva Jersey
Industria principal: productos farmacéuticos
Total de sanciones desde 2000 para las empresas actualmente propiedad de Merck: $10,710,431,781
Número de registros: 90
| LOS 5 PRINCIPALES GRUPOS OFENSIVOS (GRUPOS DEFINIDOS) | PENA TOTAL | NÚMERO DE REGISTROS |
|---|---|---|
| Delitos relacionados con la seguridad | $5.427.616.750 | 9 |
| Delitos financieros | $2.301.000.000 | 2 |
| Delitos relacionados con la atención sanitaria | $1.391.000.000 | 6 |
| Delitos relacionados con la contratación pública | $796.733.333 | 14 |
| Delitos relacionados con la competencia | $538.000.000 | 7 |
| LOS 5 PRINCIPALES TIPOS DE DELITOS PRIMARIOS | PENA TOTAL | NÚMERO DE REGISTROS |
|---|---|---|
| violación de seguridad de medicamentos o equipos médicos | $5.427.450.000 | 5 |
| violaciones fiscales | $2.300.000.000 | 1 |
| Promoción de productos médicos no autorizada o no aprobada | $1.391.000.000 | 6 |
| Ley de Reclamaciones Falsas y afines | $796.733.333 | 14 |
| sobornos y sobornos | $345.000.000 | 2 |
Resumen de infracciones de Sanofi
Sanofi: Sede central en: Francia
Industria principal: productos farmacéuticos
Total de sanciones desde 2000 para empresas de propiedad de Sanofi actualmente: $1,698,834,785
Número de registros: 40
Ver más en:
- Crímenes del Fabricante de Vacunas Glaxo
- Crímenes de Fabricantes de Vacunas Merck con el medicamento Vioxx 30.000 muertos
- Historia Criminal de Laboratorios Pfizer
- Crimenes de los laboratorios
- El modelo de negocio criminal de las farmacéuticas
Según Violation Tracker, las sanciones farmacéuticas desde el año 2000 han enriquecido las arcas federales (y estatales) por una suma de más de $87 mil millones . Como señaló Public Citizen , las sanciones farmacéuticas durante el período 1991-2017 representaron el 5% de las ganancias netas de las 11 compañías farmacéuticas más grandes del mundo «durante solo 10 de esos 27 años» es un modelo donde ambas partes ganan.
Con esta evidencia de mafia organizada, cómplice de las instituciones regulatorias nuestros funcionarios y representates tendrían que estar estudiando cada vacuna, inyección y medicamento que se ofrece al público, en vez de eso cada vez más se ve una tendencia a favorecer a los laboratorios por encima de la salud de los ciudadanos. con vacunas que no tienen los estudios de seguridad como corresponde.
Córdoba, Argentina: multas y arrestos a padres que no vacunen!!! Córdoba: Amenazan con multas entre 350.000$ y 500.000 $ y arrestos (5 dias) a padres que no cumplan con el calendario de vacunación oblitagorio. El ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer. https://cienciaysaludnatural.com/mayoria-de-vacunas-no-dan-inmunidad-colectiva/
Denuncia penal contra el gobernador de Córdoba por un proyecto que prevé multas y arrestos a padres de menores no vacunados
Se presentó una denuncia penal constitucional ante la Cámara Federal. La denuncia cuestiona normas, actos administrativos y prácticas del gobierno de Córdoba relacionados con la vacunación contra el COVID en niños y adolescentes. Daniel Sarwer presentó la denuncia como querellante y pidió una investigación penal a los exclusivos fines investigativos, sin imputar directamente a nadie.
Este documento contiene la suficiente evidencia cientifica (más de 150 referencias) para que las madres puedan presentar a sus médicos y abogados y lograr exenciones para prevenir ser dañadas con vacunas o inyecciones génicas, que no tienen los suficientes estudios de seguridad como corresponde. Tambien sirve para educar a los médicos sin pensamiento crítico. descargar libro, click aqui
Sarwer afirma que la provincia habría impuesto la vacunación contra el COVID a menores de edad, estableciendo sanciones, multas e incluso la privación de la libertad para padres o tutores que se nieguen a cumplir con estas medidas.
Según la denuncia, esta información se difundió a través de informes periodísticos, comunicados oficiales y material de difusión. Estas medidas estarían relacionadas con cambios en el Código de Convivencia Ciudadana y actos administrativos provinciales, cuya existencia y alcance Sarwer pide que se verifiquen judicialmente.
La discusión principal se centra en la posible inconstitucionalidad de estas medidas. La queja menciona que el gobierno de Martín Llaryora tal vez no tenga la autoridad para imponer castigos penales o de privación de libertad a través de infracciones o decisiones administrativas, sobre todo en lo que respecta a la vacunación contra el COVID.
Se recalca que la obligatoriedad de esta vacunación, con sanción penal, no está establecida en una ley formal del Congreso. Se mencionan los artículos 14, 16, 18, 19, 28, 33 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales de derechos humanos.
La seguridad de las vacunas contra la hepatitis B que se administran a los recién nacidos no se ha probado en un solo ensayo clínico controlado aleatorio con placebo inerte como se manifiesta en los propios prospectos y tiene sobredosis de aluminio neurotóxico. Este compendio de estudios de expertos, contiene la suficiente evidencia para que los padres puedan presentar a sus médicos y abogados y prevenir que su hijos sean intoxicados con vacunas que no tienen los suficientes estudios de seguridad como corresponde. Tambien sirve para educar a los médicos sin pensamiento crítico. Descargar libro click aqui
El documento también duda de la lógica y proporcionalidad de las medidas criticadas, manteniendo que podrían ir en contra del:
- principio de legalidad penal,
- la reserva de ley,
- la autonomía personal,
- el consentimiento informado en temas médicos,
- la libertad personal y
- los derechos de los padres al cuidar de su familia.
Se enfatiza que la Ley 27.491, que controla la vacunación, no incluye castigos penales ni detenciones por la vacunación contra el COVID, menos aún para menores de edad.
Desde el punto de vista penal, la presentación pide que se estudie si los hechos pueden corresponder, como posibilidad y sin acusación, a delitos como:
- abuso de autoridad,
- incumplimiento de los deberes de funcionario público,
- coacción,
- posibles responsabilidades por violaciones a los derechos humanos constitucionales.
Para justificar la competencia federal, se cita la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la gravedad institucional y la necesidad de actuar rápido cuando se ven afectados derechos básicos de alcance general.
Los efectos secundarios de la vacuna contra el Sarampión, Rubeola y Paperas, SRP (MMR en EE.UU.) incluyen convulsiones, que ocurren en aproximadamente 1 de cada 640 niños vacunados, aproximadamente 5 veces más frecuentemente que las convulsiones por infección de sarampión, sepa como eximir a sus hijos de esta vacuna. Este compendio de estudios de expertos, contiene la suficiente evidencia para que los padres puedan presentar a sus médicos y abogados y prevenir que su hijos sean intoxicados con vacunas que no tienen los suficientes estudios de seguridad como corresponde. Tambien sirve para educar a los médicos sin pensamiento crítico. Descargar libro click aqui
Como acción preventiva urgente, Sarwer solicitó la suspensión inmediata de cualquier norma, decreto, resolución o práctica provincial que obligue a la vacunación contra COVID a menores bajo amenaza de castigo penal o infracción.
También pidió que se ordene al gobierno de Córdoba abstenerse de aplicar multas, arrestos u otras medidas coercitivas contra padres o tutores. Además, solicitó que se cite a declarar al gobernador Llaryora, ministros y otros funcionarios que puedan estar involucrados, aclarando que esto es solo para investigar y sin prejuzgar.
La solicitud termina reservándose el derecho de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si se ven afectados derechos constitucionales. Si la presentación avanza y se acepta la competencia federal, el caso podría generar una discusión judicial a nivel nacional sobre los límites del poder provincial, la vacunación en menores y la validez de los derechos constitucionales en situaciones sanitarias excepcionales.
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